Ing. Luis Fernando Navarro Gonzales
Alrededor de un año antes que termine el último gobierno del MAS, a la cabeza de Luis Arce Catacora, la prensa en general hacía eco de unos informes de la YLB, que daban cuenta que se habían producido hechos corruptos en la deseada industria del litio en Bolivia. En esos documentos, toda la artillería se apuntaba hacia los ex funcionarios de rango medio a ejecutivo, que se desempeñaron como técnicos en esas labores, mismos que fueron contratados, suponemos, por los méritos que en su momento pusieron a consideración de las autoridades.
En ese entonces, la prensa nacional, entre el 14 y el 21 de mayo de 2018, informaba que la empresa china Maison Engineering, sería la encargada de la construcción de esa infraestructura, bajo un sistema de producción con tecnología de punta. Sin embargo, luego de esperar meses, que se tradujeron en varios años (para ser exactos: seis gestiones, en las que se deberían haber ajustado todos los aspectos administrativos, técnicos y legales), y otros vericuetos legales, resulta que, tanto los responsables del Estado Plurinacional de Bolivia cuanto los de las Empresas, entre las que apareció Gerimex, a quién se adjudicó de manera directa la construcción de 18 piscinas, no supieron llevar adelante el desafió de construir ese complejo y entregarlo funcionando.
Si se hubiese cumplido ese escenario ideal, y todos desempeñaban los roles que se había previsto en el documento base de contratación (DBC), las especificaciones técnicas (ET´s), el estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA) y lo autorizado en la licencia ambiental (LA), seguramente, esa logística que tenía la responsabilidad, de responder con un producto de excelencia, que beneficie en consolidar una industria del litio en favor de los bolivianos, hubiese dado resultados, que lamentablemente, no se tuvieron.
Por información generada en ese momento, nos enteramos que, las diferentes instancias, aprobaron que ciertas estructuras se ejecutaran cambiando las especificaciones, en otros, que se hubiesen modificado los diámetros de las tuberías, etc. Centrándonos en los datos técnicos que hicieron conocer cuando estalló el escándalo, lo más grave que se pudo apreciar, fue el cambio de volúmenes de obra de ciertos ítems en desmedro de otros, y otros cambios, contra reconocimientos económicos adicionales a la parte empresarial, que derivaron en beneficios ilegales para las empresas y los funcionarios corruptos, que merecen el mayor rigor de la ley.
En ese contexto, es necesario detenernos un momento y reflexionar lo siguiente:
- Es importante recordar que, en el Gobierno de Jaime Paz Zamora, ya se quiso viabilizar la industrialización del litio, y fueron justamente los dirigentes que encabezaban el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) quienes se opusieron tenazmente a que se diera curso a la firma de un contrato, con empresas que tenían experiencia sobre el particular, hasta que finalmente se desestimó esa alternativa.
- Sin embargo, durante los gobiernos del MAS, ¿Qué paso, con COMCIPO, los senadores y diputados, la Gobernación, los municipios circundantes al Salar de Uyuni, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), los profesionales del ramo (Sociedad de Ingenieros de Bolivia – Mineros y Geólogos), todos del departamento de Potosí, que oportunamente no alertaron, sobre esa “muerte” anunciada, respecto de las obras, que inclusive merecieron que el Expresidente Arce Catacora, fuera a inaugurarlas con bombos y platillos?
- Por otra parte, solo cuando sucedió el desastre que describimos, y ante lo que parecía un evidente negociado y entrega de semejante riqueza que contiene el Salar de Uyuni, al finalizar el mandato de Arce Catacora, COMCIPO, con nuevos actores y en general el pueblo potosino, recién reaccionaron pidiendo que no se firmaran los contratos que habían dado a conocer los de ese gobierno, por ser atentatorios contra los intereses de Bolivia, y sobre todo debido a que, lo referido a cumplir la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, no estaba bien regulada. Sin embargo, en el último suspiro de vigencia de ese mandato presidencial, una empresa rusa y otra china, lograron que legalmente se firmaran esos contratos.
Pues bien, paso el tiempo, y el famoso lamento boliviano volvió a hacerse presente. ¿Qué hubiese sucedido si, en el Gobierno de Paz Zamora, se iniciaba ese camino de industrializar el litio? ¿En que escenario estaríamos al presente, si lo de la tentativa de lograr resultados durante el MAS, resultaba un éxito? Nunca podremos respondernos. Debemos asumir nuestras culpas. Somos los bolivianos los que nos perjudicamos de tiempo en tiempo, por nuestra tozudes de ser todólogos.
Es tan cierta nuestra afrimación, que hace unas semanas, un Ministro salió a la prensa, manifestando que no se dejarían sin efecto los contratos del litio, firmados al expirar el mandato de Luis Arce, porque se comprometió la fe del Estado. Sin embargo, el martes 27 de enero de 2026, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informa que los convenios de litio serán evaluados y en su caso dados de baja, si hay riesgo de daño económico.
Desde esta columna, nuevamente llamamos la atención a los Ministros de Estado: cada quién debe asumir el rol para el que fue designado, y si alguno de ellos se equivoca, debe salir a la opinión pública y corregir el error, quién cometió la falta y no otro vocero.
A su vez, tratando de ser propositivo, hice recuerdo lo de aquella debacle de la YLB, para que la Contraloria General del Estado y la Procuraduría, informen sobre el particular respecto del proceso contra las empresas Constructoras, contra los Ejecutivos que dieron curso a las irregularidades, contra los supervisores y finalmente contra quienes fungían como fiscales de obra, etc.
Para evitar los errores cometidos, debemos entender que Bolivia esta esperando, por una parte, una nueva ley de Minería, que sin adentrarnos en mayores discusiones técnicas, esa norma entre sus previsiones, creemos que debe incluir lo del litio y las tierras raras, y ajustar además el tema de las regalías, puesto que la tecnología ha facilitado en gran medida que las empresas consigan ser mucho más eficientes, y por lo tanto pueden generar mayores utilidades, mientras el Estado recibe regalías que son realmente bajas..
Por otra, que todos los malos actores, que jugaron con la esperanza de nuestra Patria en el tema del litio, deben ser sancionados con el mayor rigor de nuestras leyes. Sin embargo, es prudente puntualizar, que esas acciones legales, no nos devolverán el tiempo perdido. El daño, si no se actúa con la premura que se debe, será irreparable.
Sobre el tema, es fundamental que se perciba de inicio, que la riqueza del litio y de la potencialidad minera, igual que la riqueza del gas, es de todos los bolivianos, y que probablemente algunos no queden satisfechos con lo que se gestione contractualmente o con la distribución de las regalías, que como con en el gas, es evidente que fue muy beneficioso para el pueblo boliviano, pero estúpidamente administrado, experiencia de la que debemos ejercitar que al ser recursos no renovables, deben ser muy bien dispuestos al nivel gubernamental, departamental y municipal, diversificando nuestra economía.
En ese entendido, Presidente Rodrigo Paz, cuanto antes se debe impulsar esta extraordinaria oportunidad para relanzar nuestra minería. Debemos avanzar. Esa es la lógica que debe impulsarnos cuanto antes. Si es imprescindible contratar excepcionalmente a los mejores, en todo sentido (jurídico, económico, técnico y administrativo), para contar, en plazos razonables, con una ley que impulse al sector, debe hacerse. Chile y Argentina, ya nos dieron el ejemplo con lo del litio y ahora se encuentran definiendo lo de sus tierras raras. Estamos muy rezagados y urge que Bolivia despegue y se posicione internacionalmente en este rubro, en el marco de la seguridad jurídica que exigen los cánones internacionales.
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