Escribe: Jédu Sagárnaga
Lo que no se dijo en campaña
Han pasado tres meses desde que el nuevo gobierno, presidido por Rodrigo Paz, asumió las riendas de la nación. Salvo error u omisión, ni durante su campaña —ni en la de otros candidatos como Doria Medina o Jorge Quiroga— se escucharon propuestas claras orientadas al fortalecimiento de la cultura. En contraste, el discurso sobre el turismo ha sido recurrente, casi omnipresente.
Pensar el turismo como un instrumento puro de desarrollo revela, sin embargo, una visión estrictamente monetarista. Sin duda, el turismo constituye una potencial fuente de recursos económicos para el país, que suele dividirse en dos grandes categorías: el turismo natural (como el Salar de Uyuni) y el turismo cultural (por ejemplo, Las Misiones en el Oriente del país). En ambos casos, no basta con contar con un atractivo: este debe fortalecerse para constituirse en un destino. Ello implica desde ofrecer garantías y beneficios al visitante hasta dotar de infraestructura adecuada, como buenos caminos, servicios de alojamiento y alimentación, senderos apropiados, un sistema de guía eficiente y una gestión responsable.
Pero antes de avanzar, cabe preguntarse: ¿qué entendemos por cultura?
Durante décadas se ha instalado en el imaginario colectivo la idea de que la cultura se restringe al conocimiento de las bellas artes, al dominio de idiomas extranjeros, a la literatura clásica o a la producción intelectual de expertos. Nada más equivocado a la luz de las contribuciones antropológicas, especialmente de las desarrolladas en el último siglo. El simple acto de comer un choclo es una expresión cultural. Lo son también un grafiti, un modismo, un acento particular en el habla cotidiana, determinadas expresiones musicales —por más cuestionables que puedan parecer—, las formas de vestir y otras manifestaciones que pueden y de hecho rompen o desafían cánones establecidos.
La definición de la UNESCO resulta esclarecedora al señalar que la cultura es el “conjunto de caracteres distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones”. Su amplitud radica precisamente en la inclusión de múltiples dimensiones que conforman la vida social. En consecuencia, todos los miembros de una comunidad expresan cultura: cuando se visten de determinada manera, cuando enarbolan una bandera —como la wip’ala—, cuando comen y lo hacen siguiendo prácticas específicas, y así sucesivamente.
Turismo y cultura
Bolivia es un país profundamente rico en expresiones culturales: desde las danzas y la gastronomía —que recientemente han sido revalorizadas desde el ámbito gubernamental— hasta las tradiciones y festividades, religiosas o no. A ello se suman los bienes materiales, tanto muebles (por ejemplo, un fusil de la Guerra del Pacífico) como inmuebles (casas, monumentos y sitios históricos). Todo este acervo constituye un potencial enorme para el turismo cultural.
Para que dicho potencial se traduzca en un atractivo real es necesario “poner en valor” ese legado que denominamos patrimonio. El término, acuñado por especialistas en gestión cultural, no está exento de controversia, pues pareciera sugerir que el patrimonio carece de valor intrínseco y que este debe serle otorgado. En realidad, ocurre que gran parte del patrimonio —tangible e intangible— es ignorado o desestimado por los propios estantes y habitantes, y solo adquiere visibilidad cuando alguien llama la atención sobre él. “Poner en valor” significa, entonces, reconocer su importancia, estudiar sus atributos, conservarlo y mostrarlo adecuadamente.
Mostrarlo, no obstante, no implica únicamente promover su visita, sino fortalecer el atractivo mediante la instalación de servicios básicos, la capacitación de guías —locales o externos— y la formación de personal idóneo para una gestión eficiente y sostenible.
Turismo y arqueología
Existe a menudo la idea equivocada de que la arqueología está al servicio del turismo. En realidad, la arqueología tiene como objetivos fundamentales recuperar el patrimonio, estudiarlo, conservarlo y contribuir al fortalecimiento de la identidad y la memoria histórica de los pueblos. Sin embargo, es innegable que este proceso puede derivar en la creación de sitios o artefactos que despierten el interés tanto del público nacional como internacional, convirtiéndose en atractivos turísticos.
Si la intención del gobierno es impulsar el turismo, pues, particularmente en lo que se refiere al turismo cultural-arqueológico, resulta imprescindible invertir en la puesta en valor de determinados sitios que podrían convertirse en destinos a nivel mundial.
Subrayo que no es mala idea ver al turismo como generador de recursos económicos para el país. Basta observar ejemplos concretos: en Malta el turismo representa aproximadamente el 15 % del PIB; en Croacia una cifra similar; en Tailandia el 9,3 %; en Jamaica el 8,9 %; y en Islandia el 8,2 %. Países de habla castellana como España, México o Perú también obtienen importantes ingresos por este concepto. Pero este proceso no es automático. Requiere inversión sostenida y planificación. Rurrenabaque, por ejemplo, es el tercer destino turístico de Bolivia, y allí la inversión ha sido mayoritariamente privada. El Estado, por su parte, no debería limitarse a la publicidad o a la llamada “Marca País”, que son medidas superficiales si no están acompañadas de acciones estructurales. El rol del gobierno debe centrarse en invertir en la puesta en valor real de los potenciales destinos turísticos, fortaleciendo la cultura y el patrimonio como base de un desarrollo turístico serio y sostenible.
En los últimos veinte años, el régimen gobernante ofreció incrementar notablemente la inversión en arqueología. Sin embargo, más allá del discurso, los recursos se concentraron en intervenciones puntuales vinculadas a intereses políticos, como las realizadas en el entorno de Tiwanaku, antes que en una política sistemática de investigación, conservación y gestión del vasto patrimonio arqueológico nacional.
Desde hace décadas se estima que Bolivia cuenta con alrededor de 30 mil sitios arqueológicos, casi todos ellos en situación de abandono. Muchos poseen un notable potencial científico y turístico, como varios en los que he trabajado durante años, contribuyendo incluso a su declaratoria como Monumentos Nacionales.
Es momento de que el Estado asuma una política sostenida de financiamiento para la investigación, entendida como parte esencial de la Puesta en Valor del patrimonio. Se trata de una tarea urgente: no postergable, no relativizable y, mucho menos, prescindible.
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